Cuando la campaña del 2018 escribí que mi voto no sería en favor de ninguno de los candidatos en la boleta. No, mi voto sería contra López.

Aunque había razones de sobra para ello, la principal, la fundamental para mi, era que a López la ley le vale madre. Para él y los suyos, el derecho es, en el mejor de los casos, un estorbo y, en el peor, una herramienta para usar en contra de los adversarios.

Así, despreciando y haciendo uso faccioso de la ley, es como se destruyen las democracias y nacen las dictaduras.

Ojalá me hubiese equivocado, pero no.

Lamentablemente, a lo largo de estos casi tres años, López y sus esbirros me han dado la razón. Ejemplos sobran. Ahí están la cancelación del aeropuerto y de la planta cervecera por consulta amañanda y a mano alzada, el freno de mano y luego el manotazo en la mesa a la energía limpia y renovable, el asalto, coptación, desmantelamiento o embestida en contra de los organismos autónomos; todo por encima de la ley, todo por sus huevos.

Todo es parte del golpe de Estado que López ha dado y que sigue dando.

Un golpe de Estado es cuando un determinado grupo toma o intenta tomar el poder por la fuerza violando las leyes, con la finalidad de desplazar a las autoridades legítimas vigentes.

Dirán muchos que 30 millones de votos en elecciones limpias no pueden considerarse como una toma violenta del poder y que los cambios emprendidos por López son parte de la transformación del régimen por la que votaron esas 30 millones de personas. Dirán esto con la cara en alto y, algunos, hasta convencidos de su razón. Lo dirán con orgullo y a sabiendas de que mienten.

El que López haya llegado pacifica y legalmente al poder por la vía democrática de los votos no quiere decir que, ya sentado en la silla del Aguila, no esté dando un golpe de Estado. El que todavía no haya balaceras y muertes por motivos políticos no quiere decir que el golpe no esté siendo violento y contrario a la ley. Claro que de las balaceras y muertes del crimen organizado y los abrazos a las madres de narcos a media carreta, mejor ni hablamos.

Un nítido ejemplo del golpe de Estado y su violencia han sido estas últimas dos semanas.

La obligación de entregar nuestros datos biométricos a las compañías de telefonía móvil, la expropiación del Club Campestre en Tijuana, la amenaza de muerte a los consejeros del INE y, la cereza en el pastel, la ‘ampliación de mandato’ en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Empecemos por el tema de los datos biométricos. ¿qué son, para qué los quiere el gobierno y por qué es esto un problema? Los datos biométricos simples son tus huellas digitales, el timbre de tu voz, el patrón del iris en tus ojos y tus rasgos faciales. Hay otros más complejos como tu material genético, pero parece que el gobierno, todavía, no va por ellos.

El manual de uso cuatrotero de tus datos biométricos.

¿Qué no los tiene ya? Si. Si estas dado de alta en el SAT o tienes pasaporte, el gobierno ya tiene tus datos biométricos simples. Los recaba al momento de dar de alta tu RFC o al momento de expedirte un pasaporte.

¿Entonces? Ah, pues en un país con una economía informal de casi el 60%, no hay tanta gente registrada ante el SAT y hay mucha menos gente aún con pasaporte. En cambio, la inmensa mayoría de los mexicanos tenemos una línea de telefonía móvil. Es más, ya hay más gente con líneas móviles que con líneas fijas.

Bueno, ok, pero ¿para qué los quiere? Para empezar, para tenerlos. Parece una tontería, pero si. El gobierno quiere tus datos biométricos para tenerte plenamente identificado. Quiere saber quién eres, cómo eres, qué haces y dónde vives. Quiere tenerlos porque el tenerlos es una forma de checarte, fiscalizarte, controlarte. El día que quieras puedes cambiar tu domicilio, tu ocupación, tu número telefónico, hasta tu nombre. NUNCA puedes cambiar tus datos biométricos.

¿Ves qué peligroso?

Luego está la expropiación del Club Campestre en Tijuana. Esto no lo hizo el gobierno federal de López, sino su cuate Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California que mandó a hacerse una ley para ‘ampliar su mandato’ de dos a seis años y al que la Corte le dijo —No, mi ciela.

Bonilla va de salida y está enojado con los empresarios de Baja California, especialmente los de Tijuana, pues los culpa de muchos males (unos reales, la mayoría inventados). El peor de sus pecados es haberse opuesto a que Bonilla extendiera su gobierno más allá del tiempo para el cual fue electo.

Pues bueno, con algunos meses que le quedan a su gobierno, al puro estilo vengativo cuatrotero, Bonilla decidió expropiar el club campestre de Tijuana bajo el argumento de que se necesitan parques en la ciudad. Por la fuerza, torciendo la ley, pretende chingarle a sus adversarios su propiedad. Así de cabrón.

Pinches ricos, que se jodan.

Luego está la amenaza de muerte a los consejeros del INE. Ah pa’ shulada, verdá de Dios.

Félix Salgado Macedonio es impresentable. Vividor del presupuesto, bully, bravucón y pendenciero; presunto violado de, al menos, cinco mujeres y amigo íntimo del círculo cercano del Presidente López. Con estos innegables méritos, quiere ser gobernador de Guerrero a huevo, a cómo de lugar.

Además de todas estas gracias, Salgado es tramposo. Hizo precampaña, lo negó y no reportó sus gastos. Por presión de López en sus tiempos de opositor, lo que hizo Salgado es ilegal y se castiga con la pérdida de la candidatura. Esa es la ley y así la aplicó el INE.

¿Qué hicieron Salgado y Mario Delgado? Amenazar de muerte a los consejeros, con un ataúd con su nombre en un mitin, azuzando a sus seguidores a dar con la casa de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama para cobrarles la factura.

¿Qué hizo el presidente López? Ah, pues dijo que Salgado y Delgado hicieron bien, que aunque sea la ley, la sanción es injusta y que los consejeros del INE son como el mismísimo diablo, merecedores de lo peor y más.

Para cerrar esta la ‘ampliación de mandato’ de Zaldivar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Ley y la 4T

Morena y López, por sus pistolas, porque pueden, decidieron una maniobra para darle dos años más a Zaldivar al frente de la Corte. La Constitución dice expresamente que eso está prohibido, pero a López eso lo tiene sin cuidado. Aquí la única Constitución que vale es la de sus huevos.

Este, el de Zaldivar, es el segundo intento de López y sus secuaces de ‘ampliar un mandato’ más allá del tiempo que marca la Constitución. La razón es siempre la misma: Si para que se consolide la cuarta transformación y la voluntad del pueblo de que cambien las cosas se requiere que Bonilla o Zaldivar continúen en su puesto más años de los que la Constitución manda, pues ni modo, que se queden y que se joda la Constitución.

Y si, si se jode la Constitución hoy, nada impide que se joda mañana, y el mes que entra durante las elecciones y en 2024 cuando alguien más decida que mejor se queda sentado en la Silla para consolidar su golpe de Estado, su Cuarta Transformación como él la llama.

Así que no nos engañemos, el golpe de Estado de López ya está dado. En nosotros está detenerlo o dejarlo pasar este 6 de junio.

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