Corte da Manotazo a Censores y Buenas Conciencias

En mayo de 2011 el gobierno de Sinaloa hizo gala de sus convicciones totalitarias y al más puro estilo de aquí mando yo porque puedo y porque si, prohibió los narcocorridos bajo el siempre útil argumento de que enaltecen “criminales, conductas antisociales y/o actividades ilícitas”.

Y es que a los habitantes de la tierra del Chapo y el chilorio no les basta la impunidad con la que se mueven los capos, las grandes mansiones que todos saben donde están (todos menos la autoridad, claro), las imponentes camionetas que circulan por todos lados llenas de gente con costosos relojes y ostentosas joyas; no, nada de esto les basta para animares a entrarle a la maña. Lo que necesitan para convencerse es un narcocorrido.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no compartió esta inquietud del gobierno y echo para abajo la prohibición de los narcocorridos, o corridos sobre el crimen, en bares, cantinas y centros nocturnos de la entidad, declarando inválido el Reglamento de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Los ministros señalaron que el decreto emitido en mayo de 2011 por el gobernador Mario López Valdez es inconstitucional debido a que “se excedió en el ejercicio de sus atribuciones” tomando decisiones que le corresponden al Poder Legislativo del estado.

Aunque no fue lo que motivó el fallo, la decisión es un golpe a las buenas conciencias que se empeñan en decidir por los ciudadanos lo que está bien o mal que escuchen, lean, vean o piensen.

Bajo el criterio de las autoridades de Sinaloa la Cucaracha o el mismísimo himno nacional deberían prohibirse pues ambas son obras de violencia que enaltecen criminales, conductas antisociales y/o actividades ilícitas. La primera el consumo de marihuana, el segundo la guerra.

Siempre he creído que el censor, al censurar, tiene más miedo de lo que lo censurado despierta en él que de lo que despierta en los demás; como el león que los cree a todos de su misma condición.

Es fácil renunciar a la libertad en aras de la seguridad, pero un pueblo que lo hace no es ni libre ni seguro.

Alberto Mansur.
Abogado

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Ley de Amparo, Ley Mordaza

El Honorable Congreso de la Unión tuvo a bien, en su infinita sabiduría, herir de muerte a la libertad de expresión en nuestro país. Lo hizo al amordazar a los medios masivos de comunicación como lo son la radio y la televisión y su pretexto para ello fue el favorito de los estados totalitarios: el abuso del derecho por los particulares.

El Senado preparó y votó una reforma a la ley de amparo para ajustarla al nuevo marco constitucional y la mandó a la Cámara de Diputados para que ésta hiciera lo propio. De paso, aprovecharon para eliminar la suspensión del acto reclamado para los concesionarios de radio y televisión -entre otros que no son materia de éste trabajo.

Ahora, de aprobar los senadores los pequeños cambios que hicieron los diputados, lo que es previsible, y de promulgar se la ley por el presidente, lo que también es previsible, los concesionarios de radio y televisión estarán a la merced y capricho del gobierno.

Imaginemos una conductora de radio incómoda para el gobierno. Incomoda por sus posiciones ideológicas, por la información a la que tiene acceso y que hace pública desde su micrófono, incomoda por las preguntas que hace y, sobre todo, por la audiencia que tiene. Imaginemos también un manotazo en la mesa, un ya basta de un presidente que se siente agraviado por ella.

Supongamos que éste presidente cita al dueño de la estación de radio para pedirle que la retire del aire y el dueño se niega, no sólo porque la conductora es negocio sino porque le parece una aberración que el presidente le dicte los contenidos de su medio de comunicacion. Termina la cita entre presidente y dueño.

Al día siguiente, el Ejecutivo decide revocar la concesión de radio aludida, aduciendo el pretexto o razón que mejor le parezca. Hoy, antes de que entre en vigor la reforma ya votada, el dueño de la estación puede solicitar un amparo y obtener una suspensión del acto para que, mientras los tribunales deciden si es un acto de autoridad legítimo o un acto autoritario del Estado, él pueda seguir con su negocio y la conductora al aire. Después de la reforma, ya no se podrá.

Es, en los hechos, una ley mordaza. Publica y difunde lo que yo quiera o perderás tu concesión. Ya para cuando se resuelva el amparo, el negocio dejara de ser viable y el medio incómodo habrá desaparecido.

De ese tamaño es la reforma a la Ley de Amparo.

Hoy son los medios de comunicación los que están en peligro. Mañana podemos ser usted y yo.

Alberto Mansur.
Abogado.

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